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Un juez denuncia la realidad: la Ley sobre Violencia de Género discrimina al hombre
El magistrado afirma que “miles de hombres han sido detenidos por el hecho de serlo”; mientras se sobreprotege a la mujer en la pareja se olvidan aspectos como la maternidad o la prostitución
Ya lo habían dicho algunos jueces, pero por primera vez un juez es contundente con las consecuencias que está generando la Ley contra la Violencia de Género. Francisco Serrano rompe el tabú en unas manifestaciones concedidas al diario El Mundo del 13 de diciembre al afirmar que “miles de hombres han sido detenidos” solamente “por el hecho de serlo”.
En ForumLibertas.com ya lo venimos apuntando desde hace tiempo: una ley que sobreprotege a la mujer como la que implementó el gobierno socialista es una agresión contra el hombre; las cifras ya lo confirman: “Una ley que agrave la pena contra el hombre sólo por serlo es tan discriminatoria como si se hiciese una ley de prevención de riesgos laborales que no protegiese a las mujeres porque representen sólo el 5% de los 1.100 trabajadores muertos en el tajo el año pasado”, afirma el magistrado.
Y es que, según Serrano, en lo que va de año a las 51 mujeres que han encontrado la muerte en manos de sus parejas o ex parejas hay que sumarle las vidas de 30 hombres muertos en iguales circunstancias. Pero este dato “no se refleja oficialmente”, denuncia el juez que precisa que el Ministerio del Interior precisaba hasta 2006 en su Anuario Estadístico el número de asesinadas y de asesinados, quien quiera saber las cifras actuales tendrá que “acudir a internet y a la prensa” cómo él hizo. A partir de 2007, Interior ya no refleja en su web estos datos de violencia mientras que el registro de asesinadas se puede consultar en el site del Ministerio de Igualdad.
Francisco Serrano es el titular del Juzgado de Familia 7 de Sevilla, lleva a sus espaldas 20.000 sentencias y ha sido premiado por la asociación de la asistencia a mujeres violadas Amuvi, o por la de Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) por su defensa de maltratadas y menores.
Sin presunción de inocencia
Serrano afirma que la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, vigente desde hace cinco años, ha conducido a un “totalitarismo” y a una “estigmatización” de miles de hombres detenidos en aplicación de la norma. Según el magistrado la ley es reflejo de la “dictadura” del “feminismo radical”.
“Miles de hombres han sido detenidos por el hecho de serlo, tras una denuncia por maltrato. ¿Cuántas mujeres han sido detenidas por denuncia falsa? Ninguna”, asegura Serrano que alerta sobre el hecho de que “las mujeres del ojo hinchado en la foto existen, pero son el 1% [de las denuncias]. La que nos tiene que preocupar es la del ojo hinchado que no sale en la foto, la que sufre de verdad explotación, violencia y miedo, pero no se atreve a denunciar”.
El juez no duda en explicar que en privado “diputados del PSOE y del PP me dicen que tengo razón, pero que ellos no lo pueden decir”. Y es que, según manifiesta Serrano a El Mundo, si se tuvieran en cuenta las denuncias archivadas o sobreseídas, se percibiría que los condenados son minoría y que los casos de inconfundible dominio machista representan, según el juez, “menos del 1% de todas las denuncias”.
Serrano habla de una realidad “distorsionada” del maltrato ya que la mayor parte de los casos calificados como violencias de género “son en realidad conflictos entre iguales en el litigio de una separación”, según explica el periodista Eduardo del Campo que entrevistó al magistrado. Además, añade que “la mayoría de los hombres maltratados no lo son” según se desprenden de los datos de la Fiscalía superior de Andalucía donde en 2008 se incoaron 9.814 procedimientos de los cuales se emitieron 1.010 sentencias, 395 condenatorias, 412 absoluciones y 203 condenas de conformidad. Un 90% de las denuncias se archivaron o acabaron en absolución.
Otros jueces opinaron lo mismo
La magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y de la Plataforma Otras Voces Feministas María Sanahuja, en un artículo de opinión publicado en el diario El País el lunes 22 de diciembre de 2008 ya afirmaba que las reformas legislativas en materia de violencia doméstica realizadas por el Partido Popular en el año 2003 y que continuó el PSOE en 2004 con la ley contra la violencia de género habían fracasado. La razón era clara: muerían tantas mujeres como antes, y “lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros, y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado”, según Sanahuja.
En su denuncia la magistrada detectaba en seis puntos el fracaso de la ley integral contra la violencia sobre la mujer:
La utilización del Código Penal por parte de jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y muchas mujeres para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.
La presión mediática que ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales.
El desarrollo limitado a la parte de la ley referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar)
La atribución exclusiva de esta materia a un órgano de cada partido judicial, que ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie
El consentimiento de la detención de miles de hombres que, en su mayoría han sido después absueltos en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denominan ‘agresor’ al denunciado, mientras la mayoría de mujeres que sufren violencia extrema siguen padeciéndola en silencio
La utilización de la ley por parte de algunas personas para sus propios fines y aspiraciones, que ha desprestigiado este tipo de violencia
Mediación versus conflictos traumáticos
La propia consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Tura, afirmó en mayo del 2008 que “la mediación es la vía más civilizada, avanzada, dialogada y asumible de resolver los conflictos” refiriéndose a las rupturas matrimoniales y de pareja. Por esa razón Cataluña reactivó la figura de la mediación frente el hecho de judicializar el conflicto familiar.
La decisión de la Generalitat vino a demostrar que judicializar el conflicto familiar no es la mejor solución, aunque se trate de la política puesta en práctica por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y otras comunidades autónomas socialistas que, además, han arrinconado la figura del mediador familiar.
De hecho, lo único que consiguió hasta entonces la llamada Ley de Violencia de Género, donde se obvia la conciliación, es colapsar los juzgados y los servicios policiales.
Otros de sus ‘logros’ ha sido empeorar la situación de las parejas y fracasar en su objetivo principal, o sea reducir el número de feminicidios. Unos feminicidios que han ido en aumento en los últimos años, al tener una relación directa con la ruptura de la pareja.
La inseguridad de la mujer: maternidad y prostitución
El esfuerzo que destina el Gobierno a paliar la violencia de género en la mujer contrasta con la desprotección en la que se encuentra la mujer en dos aspectos: frente a la maternidad y frente la prostitución. En estos dos aspectos en los que se debería actuar contundentemente ya que afecta a millones de mujeres en España se observa una inactividad sorprendente.
Las mujeres gracias al progreso que han obtenido en los últimos 50 años tienen la posibilidad de acceder a estudios universitarios e iniciar posteriormente el acceso al mundo
